En junio, Squarespace se comprometió a donar $500 000 durante los próximos tres años a organizaciones que trabajan por la reforma de la justicia social y para combatir la desigualdad racial en los Estados Unidos. Como parte de este compromiso, hicimos nuestra primera donación de $100 000 a The Sentencing Project, una organización cuya misión es peticionar políticas que fomenten un sistema equitativo y eficiente de justicia penal para todos los estadounidenses, y que destaca y enfrenta las desigualdades raciales sistemáticas.
Con esta donación, The Sentencing Project invertirá en su campaña para poner fin a las exclusiones electorales de millones de personas con antecedentes penales, que afectan, en especial, a las comunidades de color. Independientemente de la afiliación política de una persona, la capacidad de participar en la vida cívica y modificar las políticas y las prácticas del gobierno mediante el voto son un derecho fundamental que puede tener un gran impacto en el arco hacia la justicia racial.
Hablamos con la directora ejecutiva, Amy Fettig, respecto del trabajo de The Sentencing Project para terminar la privación del derecho al voto de los exconvictos.
SQUARESPACE: Te nombraron directora ejecutiva de The Sentencing Project en julio de este año, en un momento en que la justicia social, la reforma de la justicia penal y los derechos electorales están más en foco que nunca. En tu papel de líder, ¿cómo mantienes a tu organización y tu comunidad interesados con los desafíos y las oportunidades únicas que ha presentado el 2020?
Amy Fettig: No hay ninguna duda de que 2020 es uno de los años más difíciles para los Estados Unidos en varias generaciones, pero, al mismo tiempo, los acontecimientos del año siguen generando consciencia pública sobre lo arraigada que está la injusticia racial en nuestra sociedad, en particular, en el sistema de justicia penal. Al personal de The Sentencing Project y a mí nos inspiran el trabajo y los mensajes de la gente de todo el país, especialmente aquellos de personas y comunidades que sufren las consecuencias directas y que reclaman respuestas más humanas y efectivas en materia de seguridad pública. Estas llamadas a la acción se concentran en invertir en las comunidades, en lugar de destruirlas o vaciarlas encarcelando cada vez a más personas y por períodos más largos.
Una de las estrategias clave que The Sentencing Project usa para promover la justicia racial es exponer la manera en que el sistema de justicia penal afecta tanto a los derechos electorales como a la democracia en este país. Acabamos de publicar Locked Out 2020: Estimates of People Denied Voting Rights Due to Felony Conviction, el único informe nacional que lleva un control de cuántas personas no pueden votar en las elecciones 2020 por tener antecedentes penales. ¡Hay más de 5 millones de estadounidenses excluidos de la democracia en este momento! Además, en muchos estados, se les niega a las personas el derecho al voto mientras están en prisión y después de que regresan a la comunidad, si están en libertad condicional o bajo palabra. Esto se traduce en años o, incluso, décadas en los que se les niegan los derechos electorales a las personas para que no puedan participar plenamente de la vida en sociedad.
Hablamos con personas de todo el país a quienes se les ha negado el derecho electoral por tener antecedentes en el sistema de justicia penal y con algunos que están votando por primera vez después de haber recuperado sus derechos. Todos deberían escuchar su mensaje acerca de la importancia de votar y recordarlo cuando emitamos nuestro voto y ejerzamos nuestros derechos.
El informe de este año descubrió que a 1 de cada 16 estadounidenses negros se le niega el derecho al voto por las leyes estatales de privación del derecho al voto por delito grave. El informe de este año, además, por primera vez, incluye datos sobre el impacto de las prohibiciones de votar en la comunidad de latinxs. A más de 560 000 estadounidenses latinxs se les niega el derecho al voto en todos los Estados Unidos debido a estas leyes. Asimismo, aproximadamente, 1.2 millones de mujeres son privadas de sus derechos electorales por condenas penales.
También es cierto que, aunque los reclusos tienen derecho a votar, en la mayoría de las jurisdicciones, no se ofrecen los medios para que puedan hacerlo. Esto significa que a alrededor de 700 000 personas se les niegan sus derechos en cualquier elección. Este año, hemos trabajado con representantes de las comunidades de todo el país que están intentando asegurar que las cárceles locales permitan que los reclusos voten, ya sea instalando una mesa electoral en la cárcel o garantizando que los electores convictos puedan registrarse para votar y reciban boletas por correo, del mismo modo que todas las demás personas en condiciones de votar. En Washington, D. C., trabajamos con organizaciones locales para informarles a los electores que están en prisión cómo pueden registrarse y votar, luego de que el Concejo Municipal sancionara una nueva ley este año que les restituyera los derechos electorales a todas las personas que están en prisión. Washington, D. C. se ha unido a Maine, Vermont y Puerto Rico como estados que restauran plenamente los derechos electorales a todas las personas, independientemente de sus antecedentes penales.
SQSP: ¿Por qué las leyes que reglamentan los derechos electorales para los ciudadanos convictos afectan de manera desproporcionada a las comunidades de color?
AF: Durante la era de Jim Crow, las leyes de privación del derecho al voto por delito grave se dirigieron sistemáticamente contra los hombres negros y silenciaron su voz política, lo que garantizó de manera eficiente la marginalización económica y política de la comunidad negra. A pesar de que muchas de las leyes de Jim Crow fueron derogadas en los albores del Movimiento por los Derechos Civiles, la restricción de derechos electorales por antecedentes penales siguió en los libros, y sus consecuencias crecieron de manera exponencial a medida que la encarcelación masiva aumentó en el nivel federal, estatal y local.
Cuando hablo de "encarcelación masiva", me refiero al increíble aumento en la población carcelaria de los Estados Unidos durante los últimos 40 años con un asombroso incremento del 500 %, que no reconoce precedentes en nuestra historia. Los estadounidenses negros han sido sumamente perjudicados por estos acontecimientos: los hombres negros nacidos en 2001 tienen una probabilidad de encarcelación de 1 cada 3 a lo largo de sus vidas; esto es alarmante. Para los hombres blancos, esta proporción es de 1 cada 17. Debido a que las personas de color son desproporcionadamente un blanco de la policía, los litigios, los tribunales, las medidas correccionales y la supervisión comunitaria, la encarcelación masiva los afecta de manera especial. Como consecuencia, negar los derechos electorales a las personas con condenas penales también impacta de manera desproporcionada a los derechos electorales de las personas negras y de las comunidades de color.
SQSP: ¿Cuáles son los principales objetivos de la misión de The Sentencing Project para terminar con la restricción de derechos electorales por antecedentes penales?
AD: En 2020, nos hemos vuelto a enfocar en los principios básicos que fundaron este país: una persona, un voto. También sabemos que la inmensa mayoría de los estadounidenses está a favor de devolver los derechos electorales a las personas que han cumplido su sentencia o que viven en la comunidad con libertad condicional o bajo palabra. Estas voces y este compromiso hacia la democracia deberían ser escuchados y reflejarse en nuestras leyes y políticas, tanto locales como nacionales. Para TSP, esto nos inspira a trabajar aún más para garantizar los derechos electorales de todos nuestros ciudadanos, de manera de apoyar una democracia fuerte y próspera en esta nación.
Creemos que la base de cualquier democracia es el derecho a votar. Las leyes que excluyen a las personas de las elecciones desestabilizan a las comunidades y a las familias de los Estados Unidos desde hace décadas negándoles una voz para definir su futuro. En TSP, trabajamos en el nivel local y estatal para eliminar los obstáculos contra los derechos electorales en nuestras leyes y políticas. También ayudamos a organizar a los activistas de la comunidad que trabajan con las cárceles locales para asegurarnos de que las personas detenidas en estas instituciones no se vean privadas de sus derechos básicos a votar y que no se les impida registrarse para votar. Una activista con quien trabajamos en Dakota del Sur se sintió inspirada para contactarse con la cárcel de su localidad este año a fin de garantizar que casi 600 personas estuvieran informadas sobre su derecho a votar y sobre cómo registrarse mientras están detenidos. Motiva ver a los ciudadanos tomando acciones para construir nuestra democracia en sus comunidades, voto a voto y voz a voz.
SQSP: ¿Cómo pueden colaborar las personas con el trabajo de The Sentencing Project?
AF: Alentamos a todos los estadounidenses a informarse sobre los derechos electorales. Nuestro sitio web www.sentencingproject.org tiene mucha información sobre cómo se usa el sistema de justicia penal para restringir los derechos electorales y sobre cómo las personas de distintos estados de nuestro país están retrocediendo estas barreras para nuestra democracia. También publicamos actualizaciones periódicas sobre los derechos electorales. Pueden suscribirse para recibirlas.
Además, pueden actuar firmando nuestra petición Free the Vote (Liberen el voto). Si les interesa informarse mejor sobre lo que sucede en su comunidad, pueden comunicarse con nosotros en staff@sentencingproject.org.